El 3 de noviembre de 2025, el Gobierno de Perú anunció la ruptura de sus relaciones diplomáticas con México, marcando uno de los episodios más tensos en la política regional de los últimos años.
La decisión se originó tras el asilo concedido por México a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, acusada por Lima de participar en el intento de disolución del Congreso en 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo.
El canciller peruano calificó el gesto mexicano como un “acto inamistoso y sistemático de injerencia”, mientras que México defendió su postura como una acción “legal y humanitaria” en apego al derecho internacional del asilo.
Contexto general
Las tensiones entre ambos países no son nuevas. Desde 2023, los gobiernos de Lima y Ciudad de México han chocado por sus posturas políticas sobre la destitución de Pedro Castillo y la legitimidad de su sucesora, Dina Boluarte.
Este nuevo quiebre, sin embargo, eleva la tensión a su punto más alto, al suspender formalmente la comunicación diplomática entre ambas naciones.
¿Qué implica la ruptura?
Romper relaciones diplomáticas significa cerrar embajadas, suspender el diálogo político y limitar los servicios consulares.
Aunque algunos trámites básicos podrían mantenerse, el vínculo bilateral quedará prácticamente paralizado hasta nuevo aviso.
Posibles consecuencias
A nivel bilateral:
- Se enfrían las relaciones comerciales y las inversiones mutuas.
- Se paralizan acuerdos de cooperación cultural, educativa y científica.
- Los trámites consulares y migratorios podrían volverse más complejos.
- México y Perú enfrentan una pérdida de confianza mutua y de influencia diplomática.
A nivel regional:
- La Alianza del Pacífico y otros mecanismos de integración podrían resentirse.
- Se crea un precedente delicado para futuras tensiones políticas en América Latina.
- La región observa un nuevo eje de polarización entre gobiernos con visiones políticas opuestas.
Una ruptura con eco continental
Más allá del conflicto puntual, esta ruptura abre un debate sobre los límites del asilo político y la soberanía nacional.
Perú defiende su derecho a juzgar a exfuncionarios, mientras México reafirma su tradición diplomática de protección humanitaria.
El desenlace de este conflicto podría redefinir las alianzas y tensiones en Latinoamérica, en un momento en que la región busca equilibrio entre la estabilidad política y la defensa de los derechos humanos.
