Desde el lunes 27 de octubre, miles de campesinos han bloqueado carreteras en al menos 20 estados de México, incluyendo Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Morelos, como parte de un Paro Nacional Agropecuario. La protesta responde al rechazo del sector agrícola al precio de garantía de 6,050 pesos por tonelada de maíz propuesto por el gobierno federal, cifra que consideran insuficiente para cubrir los costos de producción y saldar deudas adquiridas para sembrar sus tierras.
Los manifestantes exigen que el precio mínimo del maíz se eleve a 7,200 pesos por tonelada. Según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GMCA), el costo de producir ha aumentado cerca del 50% en los últimos cinco años, mientras que el valor del maíz ha caído entre el 30% y el 50% desde 2022. Esto ha provocado una disminución en la rentabilidad, que ha pasado de más del 50% en 2022 a apenas el 12% en 2025.
En respuesta a las protestas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció un incremento del 25% sobre el precio internacional del maíz y ofreció créditos en apoyo al sector agropecuario. Sin embargo, los productores han calificado estas medidas como insuficientes y han decidido mantener los bloqueos hasta que se cumplan sus demandas.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su disposición al diálogo y ha convocado a mesas de trabajo para abordar la situación. El próximo jueves, el titular de la Sader, Julio Berdegué, comparecerá ante la prensa para informar sobre los avances en las negociaciones.
Mientras tanto, las protestas continúan afectando la circulación en diversas autopistas y carreteras del país, generando largas filas y afectando tanto a transportistas como a ciudadanos que dependen de estas vías para sus actividades cotidianas.
