Sancionan a exfuncionaria por irregularidades en el manejo de recursos públicos
En un paso decisivo para la fiscalización de los recursos estatales, se ha confirmado que la exsecretaria de Finanzas de Hidalgo, Delia Jessica Blancas Hidalgo, fue inhabilitada para ejercer cualquier cargo público. La sanción administrativa se deriva de su responsabilidad en el depósito de más de 800 millones de pesos en Accendo Banco, una institución financiera que se declaró en quiebra y liquidación judicial en 2021.
De acuerdo con los registros de la Secretaría de Contraloría, la hoy exfuncionaria autorizó el depósito de 807 millones 128 mil 783 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Estos recursos federales, etiquetados originalmente para obras críticas de drenaje, electrificación y salud en comunidades de pobreza extrema, quedaron atrapados tras la revocación de la licencia del banco por parte de la CNBV.
Red de inhabilitaciones en el gabinete de Finanzas y Salud
El proceso que dejó a Delia Jessica Blancas Hidalgo inhabilitada no es el único dentro de esta investigación. La Contraloría del Estado de Hidalgo extendió las sanciones a otros colaboradores clave que formaron parte de la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses:
- César Alberto González López: Exsubsecretario de Egresos.
- Juan Luis García Hernández: Exdirector general de Ingresos.
- Ignacio Valdez Benítez: Exsubsecretario de Administración en la Secretaría de Salud, señalado por comprometer otros 57 millones de pesos en la misma institución bancaria.
El perjuicio total a la hacienda pública estatal se estima en 863 millones de pesos. A pesar de que en su momento el actual embajador en Noruega, Omar Fayad, defendió la legalidad de estas operaciones, los recursos han permanecido inaccesibles para el estado durante más de tres años.
El futuro de los recursos perdidos en Accendo Banco
Tras confirmarse que Delia Jessica Blancas Hidalgo fue inhabilitada por “incumplimiento de funciones”, el actual gobernador, Julio Menchaca Salazar, ha señalado que los procesos legales continúan su curso para intentar recuperar el capital. Sin embargo, la devolución del dinero depende enteramente del proceso de liquidación judicial de Accendo Banco, el cual se rige bajo normativas de prelación de pagos que complican el retorno inmediato del efectivo a las arcas estatales.
Por el momento, los nombres de los sancionados ya figuran en el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados, marcando un precedente en la lucha contra la impunidad administrativa en la entidad.
