La diputada Naty Jiménez propone reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para permitir que mayores de 18 años decidan sobre el final de su vida.
Muerte asistida en México iniciativa Morena: este es el nombre de la propuesta legislativa que busca transformar el marco legal nacional para permitir que personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades, puedan solicitar el término intencional de su vida. La iniciativa presentada por la diputada Naty Jiménez plantea que el personal médico autorizado pueda practicar procedimientos de eutanasia o suicidio asistido bajo protocolos estrictos de la Secretaría de Salud.
La relevancia de legislar sobre la muerte asistida en México iniciativa Morena se sustenta en el derecho a una muerte digna. El proyecto propone que tanto el acto médico directo (eutanasia) como la provisión de medios para que el paciente finalice su vida (suicidio asistido) dejen de ser considerados delitos, siempre que cuenten con la aprobación de la autoridad competente y se realicen en situaciones de sufrimiento irreversible.
Datos y respaldo social
La propuesta argumenta que la actual prohibición del “homicidio por piedad” en México choca con el sentir de gran parte de la población. Según la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022:
- El 68.6% de los mexicanos considera que pacientes en fase terminal deberían tener la opción de adelantar su deceso.
- El 72.7% estima que las leyes actuales deben cambiar para permitir ayuda profesional en el final de la vida.
- El 57.7% está de acuerdo con que el médico proporcione sustancias letales para que el paciente las administre por sí mismo.
Cambios legales propuestos
El proyecto de reforma ha sido turnado a las comisiones de Salud y Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis. De aprobarse, se añadiría un nuevo título a la Ley General de Salud dedicado a los cuidados paliativos y la muerte asistida. Asimismo, se modificaría el artículo 312 del Código Penal Federal para garantizar que el personal médico que participe en estos protocolos no enfrente consecuencias penales, alineando a México con países como España, Canadá y Colombia en materia de derechos bioéticos.
