Una petición en Change.org publicada el 7 de septiembre de 2026 superó las 225,000 firmas en menos de dos semanas, exigiendo que empresas como Coca-Cola, Nestlé, Pepsi y Heineken suspendan su extracción de agua en zonas con escasez severa, en medio de una crisis hídrica que afecta a 51 millones de mexicanos sin acceso diario al vital líquido.
La presión ciudadana no es nueva, pero la escala sí. La iniciativa, publicada en Change.org el 7 de septiembre de 2026, plantea que las empresas reduzcan su extracción y adopten medidas de reúso antes de mantener sus operaciones en áreas consideradas críticas, y hasta este jueves supera las 225,000 firmas verificadas en la plataforma. El movimiento se intensificó en ciudades del norte y centro del país, donde conviven el desabasto doméstico y las operaciones industriales de grandes embotelladoras y cerveceras.
Los números que explican el enojo ciudadano
De acuerdo con datos de organizaciones ambientales, 51 millones de personas en México no tienen acceso diario al agua, el 80% de los municipios mexicanos tiene problemas de escasez o sequía, y el 60% de los ríos y lagos están contaminados. En ese contexto, Coca-Cola recibió en enero de 2024 una concesión en el acuífero de La Paz, Baja California Sur, con autorización para extraer hasta 2.7 millones de litros diarios, mientras los habitantes de esa ciudad enfrentan un servicio irregular de agua potable.
Lo que dicen las empresas
Nestlé informó en junio de 2026 que su planta en Coatepec, Veracruz, cuenta con certificación internacional de gestión hídrica y que realiza proyectos para reducir el consumo de agua. Las demás empresas señaladas no han emitido pronunciamientos directos sobre la petición en Change.org. La revisión de los aprovechamientos corresponde a la Conagua, que administra las concesiones de extracción en todo el país.
El debate de fondo: concesiones y derecho humano al agua
El movimiento no solo cuestiona el volumen de extracción, sino el modelo de concesiones que lo permite. Para producir un litro de refresco se requieren en promedio tres litros de agua, lo que implica un consumo considerable en un país donde el agua dulce es un recurso bajo presión creciente. La Constitución Mexicana reconoce el acceso al agua como un derecho humano desde 2012, pero la Ley de Aguas Nacionales que regula las concesiones no se ha reformado en profundidad desde entonces, generando la tensión entre el uso industrial y el consumo doméstico que hoy explota en las redes.
Lo que sigue
La petición es una presión ciudadana, no una resolución jurídica. Para que las concesiones sean revisadas o canceladas, la Conagua debe iniciar un proceso administrativo formal. Hasta el momento, la dependencia no ha emitido ningún pronunciamiento sobre las firmas acumuladas ni sobre posibles revisiones a los títulos concesionados en zonas de estrés hídrico.