En octubre de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en relación con México. Esta medida busca evaluar si las desapariciones forzadas en el país son una práctica generalizada o sistemática, y podría llevar la cuestión ante la Asamblea General de la ONU.
¿Qué establece el artículo 34?
El artículo 34 permite al CED, tras recibir información con indicios fundados de desapariciones forzadas sistemáticas o generalizadas, solicitar información al Estado involucrado y, si considera que la situación lo amerita, llevar el asunto ante la Asamblea General de la ONU a través del Secretario General. Esta herramienta busca presionar a los Estados para que tomen medidas efectivas y erradiquen la problemática de las desapariciones, haciendo que la situación sea objeto de atención internacional.
Reacción del gobierno mexicano
El gobierno de México ha rechazado las acusaciones del CED, argumentando que las desapariciones forzadas en el país son atribuidas principalmente al crimen organizado y no a una práctica sistemática del Estado. Además, ha cuestionado la falta de sustento de las afirmaciones del Comité. Esta postura se mantiene a pesar de que México lidera el número de acciones urgentes por desaparición forzada en el mundo, con 681 casos hasta septiembre de 2024.
Visión de las organizaciones de derechos humanos
Organizaciones como Amnistía Internacional y colectivos de víctimas consideran la activación del artículo 34 como una oportunidad histórica para exigir justicia y rendición de cuentas al Estado mexicano. Estas entidades han documentado numerosos casos de desapariciones forzadas y señalan que la respuesta institucional ha sido insuficiente. En este contexto, la activación del artículo 34 representa un paso hacia la visibilización y resolución de esta grave violación a los derechos humanos.
La activación del artículo 34 por parte de la ONU pone de manifiesto la gravedad de la situación de las desapariciones forzadas en México. Mientras el gobierno federal mantiene su postura de rechazo, las organizaciones de derechos humanos y los colectivos de víctimas continúan luchando por la verdad, la justicia y la reparación. Este escenario plantea la necesidad urgente de un cambio en las políticas públicas y en la actitud institucional para garantizar el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
