El debate sobre las corridas de toros en Hidalgo dejó de ser un asunto exclusivo del recinto legislativo. En una sesión que no tardó en generar polémica, el Congreso del Estado aprobó someter a consulta popular la posible prohibición de la tauromaquia en la entidad, con 20 votos a favor, cinco en contra y una abstención.
El expediente fue enviado al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) para que evalúe si la pregunta planteada es constitucionalmente viable. Si recibe el aval judicial, será el pueblo hidalguense quien tenga la última palabra.
La pregunta que definirá el futuro de la tauromaquia
La LXV Legislatura aprobó la siguiente interrogante para las boletas:
“Tomando en consideración todas las implicaciones normativas, económicas, culturales, ambientales, sociales y de protección animal posibles, ¿está usted de acuerdo en que en el estado de Hidalgo se prohíban las corridas de toros y dejen de formar parte del patrimonio cultural estatal?”
Una pregunta que no solo busca definir la legalidad de los eventos, sino también su estatus dentro de la identidad cultural hidalguense.
Los que defienden la tradición
Quienes se oponen a la prohibición sostienen su postura en cifras concretas. La actividad taurina tiene presencia activa en 127 localidades del estado y sostiene el empleo de más de mil familias hidalguenses, principalmente en zonas cerriles y semidesérticas. Además, existen 42 ganaderías de toros bravos que resguardan una población estimada de 12 mil cabezas de ganado.
Para este sector, prohibir las corridas no es solo una decisión cultural, sino un golpe económico directo a comunidades que dependen de esta actividad para su sustento.
Los que exigen la prohibición sin consulta
Del otro lado, colectivos defensores de los animales y legisladores de la bancada ambientalista rechazan incluso la vía de la consulta popular. Su argumento central es contundente: los derechos y el bienestar animal no se someten a votación.
Señalan además que el propio Congreso de Hidalgo ya reconoció legalmente a los animales como seres sintientes, por lo que someter a escrutinio ciudadano un principio de protección ambiental podría resultar jurídicamente incongruente. Para este sector, el Congreso está evadiendo su responsabilidad legislativa al trasladar a las urnas una decisión que debería haber tomado directamente.
¿Qué sigue?
El proceso no es inmediato. El Poder Judicial del estado deberá revisar que la materia de la consulta no vulnere principios constitucionales. Si la declara procedente, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) organizará la jornada de votación.
Solo entonces, los hidalguenses decidirán si la fiesta brava tiene futuro en el estado o si su tiempo llegó a su fin.
