Provocar un incendio o talar un bosque para luego construir un fraccionamiento sobre sus cenizas podría convertirse en una estrategia inútil en Hidalgo. Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado propone blindar durante 20 años cualquier terreno forestal que haya sido víctima de incendios, tala ilegal o desmontes, impidiendo que cambie su uso de suelo sin importar el estado en que quede.
La propuesta es de la diputada Yarabi González y apunta directamente al corazón del problema: la especulación de la tierra a costa del medio ambiente.
La trampa que buscan cerrar
Existe una práctica que las autoridades ambientales conocen bien y que esta iniciativa busca eliminar de raíz: destruir deliberadamente una zona boscosa para luego argumentar que el terreno ha perdido su valor ambiental y solicitar permisos para construir fraccionamientos, instalar fábricas o habilitar zonas agrícolas.
Con este candado legislativo, aunque un bosque quede devastado, el suelo mantendrá su categoría de zona protegida durante dos décadas. Sin esa posibilidad de reconversión, el incentivo económico para destruir la naturaleza desaparece.
Los puntos clave de la propuesta
Veda de 20 años. Ninguna autoridad podrá otorgar permisos de construcción o cambio de uso de suelo en zonas siniestradas durante ese plazo, sin excepción.
Protección integral. La medida aplica tanto para incendios forestales —provocados o accidentales— como para casos de tala clandestina y desmonte de vegetación original.
Excepción bajo lupa científica. La única puerta de salida antes de cumplir los 20 años es demostrar, con evidencia científica avalada por las autoridades ambientales, la regeneración total del ecosistema. Sin esa prueba, el candado no se abre.
En sintonía con la ley federal
La iniciativa no parte de cero. Busca armonizar la legislación hidalguense con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable a nivel federal, endureciendo la vigilancia local en regiones que históricamente han sufrido el acoso de la tala ilegal. La propuesta ya fue turnada a las comisiones correspondientes del Congreso local para su análisis y posterior dictaminación.
