La palabra falsa paternidad inundó redes sociales y generó más preguntas que respuestas. La iniciativa existe, el debate es real, pero hay algo fundamental que muchos titulares pasaron por alto: aún no es ley.
¿Qué propone exactamente?
El diputado federal del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, presentó una iniciativa para añadir el artículo 390 Ter al Código Penal Federal. La propuesta sanciona a quien, con dolo y engaño, atribuya la paternidad de un menor a un hombre que no es su padre biológico con fines patrimoniales o para transferir obligaciones legales.
Las sanciones contempladas son:
- De 1 a 5 años de prisión
- Multas de 100 a 1,000 días de salario mínimo (entre 27,880 y 278,800 pesos aproximadamente)
- Restitución económica de lo pagado de buena fe en pensiones y manutención
La iniciativa distingue entre el engaño intencional —que sí busca penalizar— y los casos donde ambas partes conocen la situación y existe un vínculo por afinidad reconocido en el Código Civil.
¿Se extiende a los estados?
Sí, de forma paralela. En San Luis Potosí, la diputada del PVEM Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez presentó una propuesta similar ante el Congreso local para reformar el artículo 199 del Código Penal estatal, argumentando que existe una laguna legal en casos donde alguien asume obligaciones familiares bajo una falsa premisa sobre la filiación. Durango y Tamaulipas también cuentan con iniciativas en la misma dirección.
¿Ya es ley? No. ¿Qué falta?
La iniciativa fue presentada el 30 de julio de 2025 y registrada en la Gaceta Parlamentaria del 4 de agosto del mismo año; desde entonces fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Para convertirse en ley requiere:
- Aprobación en la Cámara de Diputados
- Ratificación en el Senado
- Promulgación por el Ejecutivo y publicación en el Diario Oficial de la Federación
- Armonización con los códigos penales de cada estado
Ninguno de esos pasos se ha completado.
El debate que generó
La propuesta dividió opiniones. Voces críticas la calificaron de iniciativa con sesgo de género por enfocarse en sancionar principalmente a mujeres. Sus impulsores argumentan que el objetivo no es criminalizar errores, sino castigar el engaño deliberado que causa daño patrimonial y emocional tanto al hombre afectado como a los propios menores involucrados.
Lo que está claro es que el tema tocó una fibra social que el sistema legal mexicano todavía no ha resuelto formalmente.
