La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó este jueves el balance de los dos primeros años de la administración Sheinbaum: 53 servidores públicos vinculados a proceso penal, más de 4,000 sancionados administrativamente y cerca de 84,000 millones de pesos protegidos gracias a acciones de prevención.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Buenrostro detalló que de las 517 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República contra servidores públicos en este periodo, 53 han sido vinculados a proceso penal por delitos relacionados con corrupción. Los delitos más detectados incluyen enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.
Las sanciones administrativas: más de 4,000 casos
En el ámbito administrativo, 4,193 servidores públicos fueron sancionados durante estos dos años: 3,528 por faltas no graves y 665 por faltas graves. Entre las principales irregularidades detectadas figuran el otorgamiento de pagos indebidos, la autorización de pagos por bienes o servicios no entregados, la sustracción de información bajo resguardo, compras injustificadas, falsificación de documentos y casos de hostigamiento y acoso sexual.
Adicionalmente, mil 737 casos fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de los cuales 87 ya cuentan con sanción notificada y mil 650 permanecen en proceso.
Los particulares también rinden cuentas
La rendición de cuentas no se limitó al sector público. Buenrostro informó que 286 personas morales fueron sancionadas: 222 con inhabilitación y multa, y 64 solo con multa. Las infracciones generaron una recaudación de 147.3 millones de pesos. Las principales faltas de los particulares incluyen presentación de documentación falsa, incumplimiento contractual, simulación de experiencia técnica y ocultamiento de conflictos de interés. En materia de protección de datos personales, 51 particulares fueron sancionados con multas por 118.5 millones de pesos.
84,000 MDP protegidos: así se distribuye el ahorro
El dato más relevante del informe es la cifra de recursos protegidos gracias a las acciones preventivas: 83,800 millones de pesos, desglosados así:
- 29,000 MDP por mejores procesos de compras
- 42,200 MDP por seguimiento a la administración de contratos
- 4,800 MDP por sanciones aplicadas
- 7,800 MDP por mayor eficiencia en la organización gubernamental
Lo que el número no dice
53 funcionarios vinculados a proceso en dos años es una cifra que admite dos lecturas: para el gobierno, representa el avance de un sistema de rendición de cuentas que antes no existía con esta estructura. Para los críticos, es un número modesto frente a la escala histórica de la corrupción en México. La pregunta que sigue abierta es cuántos de esos 53 procesos concluirán con sentencia condenatoria firme.
