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Denuncias falsas en México: la propuesta que pide cárcel y el riesgo que nadie quiere ignorar

La diputada federal Celia Esther Fonseca Galicia del PVEM presentó una iniciativa para castigar con 4 a 8 años de prisión a quienes acusen de forma dolosa a una persona inocente ante las autoridades. La propuesta está en análisis en comisiones de la Cámara de Diputados y aún no es ley, pero el debate que desató toca una fibra sensible del sistema de justicia en México.

La iniciativa, registrada en la Gaceta Parlamentaria propone reformar el Código Penal Federalpara tipificar como delito grave la interposición dolosa de denuncias falsas o la fabricación de culpables. Las sanciones irían de 4 a 8 años de prisión, dependiendo de la gravedad de la falsa imputación y sus consecuencias para el acusado. No es la primera vez que el Congreso aborda este tema: la diputada priísta Ariana del Rocío Rejón Lara presentó en 2025 una propuesta similar para reformar el artículo 248 Bis del Código Penal Fe
deral, que también se encuentra pendiente de dictamen.

El argumento a favor: el sistema judicial está siendo usado como arma

Quienes respaldan la medida señalan que las denuncias maliciosas se utilizan como herramientas de presión personal, política y económica: obligan a personas inocentes a enfrentar investigaciones penales, destruyen reputaciones y saturan un sistema judicial que ya opera al límite. El texto de la iniciativa lo reconoce: “una acusación fraudulenta genera consecuencias graves para el afectado” y el Estado destina recursos que deberían ir a delitos reales.

El riesgo que los expertos no quieren minimizar

Aquí está la parte más delicada del debate. Colectivos de derechos humanos y especialistas advierten que un tipo penal mal delimitado puede generar un efecto disuasivo (chilling effect): víctimas reales de delitos complejos —especialmente violencia de género, acoso o abuso sexual— podrían evitar denunciar por temor a ser investigadas si la fiscalía no logra reunir pruebas suficientes.

El punto central del debate es la definición de dolo: ¿cómo se prueba que alguien sabía que la denuncia era falsa y no simplemente que no se pudo acreditar el delito? La diferencia entre una denuncia que no prosperó y una denuncia deliberadamente falsa no siempre es fácil de demostrar. La propuesta del diputado Isaac Hernández en el Estado de México —que avanza en paralelo— plantea exactamente esa distinción como punto central: una investigación que no concluye en sentencia no convierte automáticamente la denuncia en falsa.

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