La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este 14 de octubre el Decreto de Entornos Digitales Seguros para Niñas, Niños y Adolescentes, publicado ese mismo día en el Diario Oficial de la Federación, que obliga a plataformas como TikTok, Meta, YouTube y X a restringir contenidos violentos, sexuales y de riesgo para menores en un plazo de 30 días naturales, bajo advertencia de impulsar una ley con sanciones punitivas si no cumplen.
El decreto no llegó de la nada. El gobierno presentó las disposiciones generales el 9 de octubre, días después de los ataques violentos en escuelas de Coahuila, donde Sheinbaum reveló que encontró evidencia de comunicación entre los agresores a través de redes sociales. La mandataria fue directa al firmarlo: las plataformas digitales “se diseñan para generar adicción” y la autorregulación voluntaria no ha funcionado. Las propias empresas solicitaron el mes de plazo para realizar los ajustes técnicos necesarios.
¿Qué deben retirar las plataformas?
El decreto prohíbe que los algoritmos de recomendación expongan a menores a contenidos que promuevan o generen discursos de odio, extremismo violento, abuso o explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, ciberacoso y material sexual explícito. La obligación no solo aplica a la publicación del contenido, sino al diseño mismo de los sistemas de recomendación.
Las 4 obligaciones concretas para las empresas
Verificación de edad: mecanismos eficaces para identificar usuarios menores y bloquear su acceso a contenidos inapropiados.
Privacidad por defecto: las cuentas de menores deben activar automáticamente los niveles más altos de seguridad y restricción de visibilidad.
Herramientas de supervisión familiar: tableros claros para que padres y tutores gestionen el tiempo de uso y la actividad de sus hijos.
Colaboración con autoridades 24/7: punto de contacto permanente para requerimientos de las autoridades investigadoras, con obligación de alertar de forma inmediata cuando se identifique cualquier contenido que atente contra la vida.
¿Hay multas? Aún no, pero la amenaza es real
En esta primera etapa el decreto no contempla sanciones económicas directas. Las plataformas tienen 30 días para documentar e informar las medidas técnicas que implementarán. Si hay resistencia u omisión, el gobierno federal impulsará de inmediato una iniciativa de ley formal en el Congreso que sí establezca castigos punitivos. La Agencia de Transformación Digital dará seguimiento al cumplimiento.
El contexto global que hace relevante este decreto
México no actúa en solitario. Australia aprobó en 2025 una ley que fija la edad mínima en 16 años para acceder a redes sociales. España avanza con una propuesta similar y Francia ya limita los teléfonos en escuelas. El Parlamento Europeo recomendó elevar el umbral a los 16 años. El decreto mexicano no prohíbe el acceso de menores a las redes, pero sí exige que las plataformas modifiquen su diseño para dejar de ser, en palabras de Sheinbaum, máquinas de adicción.
