Una de las disputas legales más costosas que enfrentó México en el ámbito internacional llegó a su resolución. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial, emitió su laudo final en el caso que enfrentaba al Estado mexicano con la empresa minera estadounidense Vulcan Materials Company, que operaba en la Riviera Maya a través de su filial Calizas Industriales del Carmen (Calica).
El resultado fue contundente: el tribunal desestimó casi la totalidad de las reclamaciones presentadas por la empresa.
Lo que pedían y lo que obtuvieron
Vulcan Materials exigía una indemnización superior a los 1,700 millones de dólares por las medidas de supervisión y clausura aplicadas por México entre 2018 y 2022, argumentando afectaciones a sus inversiones bajo el marco del comercio internacional.
El laudo final reconoció únicamente una compensación equivalente a menos del 1% de lo solicitado, aproximadamente entre 15 y 17 millones de dólares, vinculada de manera estricta a una medida específica sobre la clausura de un predio registrada en enero de 2018.
La Secretaría de Economía informó que analiza detalladamente el laudo para valorar las acciones legales pertinentes, mientras mantiene firme su postura de exigir a la empresa la remediación ambiental por los daños ecológicos causados durante años de extracción de material pétreo en la zona.
El blindaje ambiental: los terrenos de Calica ya son intocables
En paralelo a la resolución jurídica, el gobierno federal tomó una medida definitiva para proteger el entorno ecológico de la región. Los terrenos de Calica al sur de Playa del Carmen fueron decretados como Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, una declaratoria que prohíbe de forma permanente cualquier actividad futura de extracción de piedra caliza en la zona.
La medida busca detener el deterioro ecológico de una de las áreas con mayor valor ambiental y de recarga hídrica en el norte de Quintana Roo, reafirmando la soberanía del Estado en la protección de sus recursos naturales frente a intereses extractivos privados.
El mensaje de fondo
La combinación de ambas resoluciones —el fallo arbitral y la declaratoria de Área Natural Protegida— cierra un ciclo en el que México sostuvo su postura regulatoria frente a una empresa que buscó convertir las acciones de supervisión ambiental en una deuda millonaria para el Estado. El resultado: la empresa se va con menos del 1% de lo que pedía y los terrenos quedan protegidos de manera definitiva.
