Los números no cuadran y la paradoja es difícil de ignorar. En los últimos cuatro años, Hidalgo registró 598 incendios forestales. Las autoridades reconocen que la mayoría tienen origen en actividades humanas. Y sin embargo, hasta hoy solo existen dos denuncias penales formales por estos hechos.
Dos carpetas de investigación ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) frente a casi 600 siniestros. Una cifra que abre una pregunta incómoda: ¿hay consecuencias reales para quienes queman los bosques de Hidalgo?
El obstáculo que frena las investigaciones
La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), Mónica Patricia Mixtega Trejo, reconoció el problema con claridad: cuando las brigadas llegan a atender un incendio, los señalamientos contra presuntos responsables son frecuentes. El problema es lo que viene después.
“Cuando llegamos a atender el incendio nos señalan a un responsable; sin embargo, al momento de formalizar la denuncia ya no la presentan. Por eso corresponde a la Procuraduría realizar la investigación”, explicó.
Señalar a alguien no es suficiente para iniciar un proceso penal. Por eso la propia Semarnath ha tenido que integrar expedientes con dictámenes técnicos para sustentar las dos denuncias que logró presentar, correspondientes a incendios en Pachuca y Tlanalapa.
144 incendios en 2026 y una temporada que volvió a poner a prueba al estado
El director de Manejo del Fuego de Semarnath, Ernesto Rodríguez, informó que durante 2026 se han atendido 144 incendios forestales, con una superficie afectada de 3,600 hectáreas, una reducción respecto a las 3,900 hectáreas dañadas en 2025, aunque la cifra sigue siendo alarmante.
Pachuca fue el municipio con mayor superficie afectada, seguido de Epazoyucan. La temporada concluyó sin pérdidas humanas entre el personal operativo, un logro reconocido durante el Día del Combatiente Forestal, aunque el homenaje a las brigadas también dejó sobre la mesa una realidad incómoda: mientras decenas de brigadistas arriesgan su integridad para contener el fuego, los procesos para sancionar a quienes lo provocan siguen siendo la excepción.
Una paradoja que el estado no puede seguir evitando
Cientos de incendios, miles de hectáreas perdidas y apenas dos casos judicializados en cuatro años. El debate sobre la eficacia de la persecución de los delitos ambientales en Hidalgo está abierto, y las cifras sugieren que sin consecuencias reales para los responsables, el problema difícilmente cambiará de rumbo.
