96 senadores dijeron sí: hasta 2.3 MDP de multa por llamadas spam
El Senado de la República aprobó por unanimidad el 7 de octubre, con 96 votos a favor, una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que establece multas de hasta 2 millones 345 mil 728 pesos para las empresas que realicen llamadas y mensajes comerciales sin autorización del usuario. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados y aún no está vigente.
La reforma modifica los artículos 18 Bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y fue impulsada por la senadora del PAN, Mayuli Latifa Martínez, quien argumentó desde tribuna que se trata de un “problema social que creció de manera alarmante”: en México, cada usuario recibe entre 20 y 25 llamadas spam al mes, según datos de Truecaller citados en el dictamen, lo que coloca al país entre los cinco con mayor incidencia de llamadas no deseadas a nivel global.
Lo que pocas notas mencionaron: un nuevo registro público
La reforma no solo establece multas. También contempla la creación de un Registro Público contra el Acoso Telefónico Comercial, en el que cualquier persona podrá inscribirse gratuitamente para expresar su decisión de no recibir llamadas publicitarias. Las empresas quedarán obligadas a consultar y respetar ese registro antes de iniciar cualquier campaña de contacto comercial.
Las empresas no podrán esconderse detrás de terceros
Uno de los candados más relevantes es la responsabilidad directa: si una empresa contrata a un call center o proveedor externo para hacer las llamadas, no podrá deslindarse argumentando que fue el tercero quien marcó. La reforma establece que el proveedor del servicio o producto es el responsable de la campaña, independientemente de quién realice físicamente el contacto.
¿Cuánto pagarían las empresas?
Las sanciones van de 56,570 pesos como multa mínima hasta 2,345,728.71 pesos en los casos más graves o reincidentes. La Profeco será la encargada de aplicar las sanciones una vez que la reforma entre en vigor.
¿Puedes hacer algo mientras tanto?
La reforma todavía debe ser aprobada por la Cámara de Diputados y publicada en el DOF antes de entrar en vigor. Mientras eso ocurre, existen dos mecanismos oficiales vigentes para limitar el acoso telefónico: el REPEP de la Profeco y el REUS de la Condusef, ambos gratuitos y disponibles en línea.
